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Poniendo el foco en la explotación laboral, puede estar presente en ámbitos que nos son más cercanos de lo que pensamos. Esta, al igual que el resto de formas de explotación, se sostiene por la existencia de un sistema que imposibilita a las víctimas defenderse, escapar o denunciar.
¿Qué es la explotación laboral?
La existencia de explotación laboral puede ser determinada por la convergencia de situaciones como: engaño, abuso de la situación de necesidad, la imposición de condiciones de trabajo especialmente lesivas, amenazas y aislamiento. En el extremo, la forma más grave de explotación laboral es la que forma parte de la trata de seres humanos.
Sin embargo, la actividad realizada no determina una situación como explotación laboral. Tampoco que la misma sea ilegal o no en el ordenamiento jurídico de cada país. Esta situación se determina a través de la relación existente entre la víctima y la parte designada como “empleadora”. Así se pueden identificar distintos tipos como el trabajo forzoso en fábricas, agricultura, trabajo doméstico, prostitución o mendicidad forzosa entre otros. Estas explotaciones se basan en sistemas diseñados para hacer casi imposible que las víctimas se defiendan o denuncien.
Características de la explotación laboral
Las principales características que permiten identificar la explotación laboral son:
- Ausencia de consentimiento. Coacciones, engaños o falsas promesas de trabajo que llevan a las personas a situaciones en contra de su voluntad. Estas se ven agravadas por situaciones de confinamiento físico, servidumbre por deudas, secuestro, etc.
- El sostenimiento de esta situación en contra de la voluntad de las víctimas se produce a través de amenazas reales o creíbles de violencia vísica, violencia sexual, confinamiento, denuncias ante las autoridades de inmigración, etc.
Barreras que sostienen la explotación laboral
Barreras materiales y de supervivencia. La denuncia y escape de esta situación supone perder simultáneamente el lugar de residencia y el sustento. Para personas que se encuentran excluidas del sistema y no tienen oportunidad de acudir a ayudas públicas o acceder a empleos regulares, se trata de una fuerte barrera.
Igualmente, actúan barreras psicológicas y sociales. En la mayoría de los casos existe un aislamiento del resto de la sociedad, que convierte el silencio en una estrategia de supervivencia. La falta de sistemas de denuncia garantistas supone también barreras legales e institucionales. Se envía el mensaje de que pedir ayuda puede empeorar la situación.
Se genera así una estructura mediante la combinación de estas barreras: precariedad legal, dependencia económica, aislamiento social y el miedo institucional propicia un escenario de control sobre estas víctimas.
Las mujeres migrantes las más vulnerables a la explotación
La explotación laboral no afecta por igual a toda la población trabajadora, sino que se concentra en personas que parten de situaciones de desventaja estructural: mujeres migrantes, personas en situación administrativa irregular, trabajadoras racializadas, jóvenes sin redes de apoyo y personas que han sobrevivido a contextos de pobreza extrema o violencia.
Por su parte, Cruz Roja identifica que el 80% de las personas atendidas en situación de trata son mujeres. Igualmente, destacan los casos de explotación laboral infradetectada que afecta a sectores altamente feminizados como el servicio doméstico, los cuidados y la agricultura, en los que las víctimas se encuentran aisladas.
Así, en cuanto a las barreras mencionadas que mantienen la explotación, se añadiría la violencia sexual como herramienta de control. En los sectores puestos de relieve se repiten las agresiones sexuales bajo la relación de dependencia. Se trata de un mecanismo que refuerza el miedo y la vergüenza para propiciar el silencio.
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Quiénes están más expuestas a la explotación laboral y por qué no pueden escapar
El observatorio de Igualdad y Empleo es una acción de divulgación que forma parte del Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo + (2021ES05SFPR003) y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

